De desiertos a pantanos alimentarios

Seguridad alimentaria en riesgo, ¿todo es culpa del cambio climático?

Más que el cambio climático, la mala distribución de los alimentos es el talón de Aquiles en México, señalan expertos en alimentación.

La apuesta de la mandataria, Claudia Sheinbaum, por mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, pasa por mejorar la alimentación, garantizar la autosuficiencia alimentaria y transitar de una base alimenticia basada en comida ultraprocesada, con poco valor nutricional y alto valor calórico, a uno más nutritivo basado en frutas, verduras y proteínas vegetales.

El sustento de esta meta, son las alarmantes cifras de sobrepeso y obesidad entre la población mexicana, que muchas veces derivan en enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023, indica que el 37% de adultos y escolares padecen algún grado de sobrepeso y obesidad, mientras que en adolescentes fue del 40%. En los últimos 23 años, el mayor incremento de obesidad fue en los hombres adultos, donde aumentó un 78%.

En México, los índices de sobrepeso y obesidad entre adultos y escolares van al alza, la falta de disponibilidad de alimentos sanos es una de las varias explicaciones de este problema de salud pública.

 Sin embargo, varios factores pueden tirar por la borda los planes de la presidenta. Por una parte, está el cambio climático. El informe de Naciones Unidas sobre el estado del clima mundial 2023, elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señala que el número de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda en todo el mundo se ha más que duplicado, pasando de 149 millones de personas antes de la pandemia de COVID-19 a 333 millones en 2023 (en 78 países monitoreados por el Programa Mundial de Alimentos, incluído México). Según el informe, los extremos meteorológicos y climáticos tal vez no sean la causa subyacente, pero son factores agravantes.

Uno de esos agravantes es la pérdida de capacidad productiva de los suelos ocasionada por sequías, lluvias intensas, inundaciones, huracanes, estrés por calor, heladas, plagas.

“En México, en el periodo 2000-2019, se acumuló una degradación de tierras del orden del 72 % a nivel nacional y se ha documentado una disminución de aptitud de la tierra agrícola de temporal de entre el -3 y -4.3%”, indicó el Dr. Alejandro Monterroso Rivas, experto análisis de vulnerabilidad y cambio climático de la Universidad Autónoma de Chapingo, en conferencia organizada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

Por su parte, un análisis interinstitucional de la UNAM, señala que cinco de seis cultivos que representan el 65 % del área cosechada del país tendrán impactos negativos por el cambio climático con decrementos de rendimientos hasta el 59% y con costos económicos de casi 38 mil millones de dólares. De las pérdidas encontradas, el 69% se dan en el manejo de temporal, siendo los estados de Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco los que presentan la mitad de las pérdidas económicas.

Es un asunto de desigualdad

Uno de los centros de estudio en materia agronómica y ambiental por excelencia en México es la Universidad Autónoma Chapingo, durante años sus investigadores han analizado la disponibilidad de alimentos en el país en el contexto del cambio climático y concluyen que el problema radica en otro escenario: la mala distribución de los alimentos.

Sus análisis destacan que la disponibilidad de alimentos es muy alta en el 66 % de los municipios de México, con una oferta rica y variada de alimentos y, que en al menos el 80 % de los municipios la demanda calórica y protéica de la población puede ser satisfecha con producción propia; no obstante, la disponibilidad de alimentos no está distribuida de manera uniforme, por lo que la inseguridad alimentaria está relacionada con otros factores.

Mapa de disponibilidad de alimentos en municipios de México. Fuente: Sistema de Información de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en México, Universidad Autónoma Chapingo. 

“Hay alimentos disponibles para cubrir la demanda de la población, pero están mal distribuidos y la gente carece de recursos económicos y de infraestructura física para acceder a ellos, principalmente en los estados del sur del país, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y en el norte, en estados de la parte de la Sierra Madre Occidental, como Durango y Sinaloa. Por el contrario, estados fronterizos o del centro del país tienen más acceso a los alimentos a través de mayores puntos de venta”, comentó en entrevista Yadhira Cruz Sánchez, doctora en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sustentable de la Universidad de Chapingo.

Desiertos y pantanos alimentarios

Otro problema a tomar en cuenta al hablar de inseguridad alimentaria es el ritmo de vida y la disponibilidad de cierto tipo de alimentos. “El mundo está tan acelerado y cambiando tan rápidamente, que en las mañana la gente sale corriendo y pasa al Oxxo por un pan y una lechita, en lugar de desayunar unos huevos, en la tarde las opciones son comida enlatada, esto ya se ha vuelto parte de la dieta en casi todas las urbes del país, porque son alimentos fáciles de conseguir”, comentó la investigadora.

Lo que a nivel internacional se conoce como ‘desiertos o pantanos alimenticios’ para referirse al acceso geográfico a los alimentos en establecimientos fijos, donde un desierto es cuando una zona tiene acceso físico y económico insuficiente a alimentos; pantano, cuando hay más acceso, pero con una oferta de alimentos con poco valor nutricional y alto valor calórico; y oasis, donde hay una oferta e incluso sobreoferta, por acceso físico, económico y por la variedad de productos.

En México es común encontrar opciones de alimentos no ultraprocesados y más saludables como los puestos de quesadillas, tacos, tortas o jugos y frutas frescas, sin embargo, la higiene s el Talón de Aquiles, en algunos casos.

De origen europeo, estas categorías dejan fuera algunas particularidades propias de los países en desarrollo, como los latinoamericanos, donde abunda la oferta ambulante de alimentos sanos, como comida preparada, verduras, frutas o jugos naturales.

“En nuestro país la venta de alimentos en la calle es muy grande, incluso puede ser más grande en comparación con los que se venden en establecimientos fijos, por eso hay que tener  cuidado con estas categorías al momento de hablar de los entornos alimentarios de México”, comentó el doctor Juan Manuel Núñez Hernández, académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana.

En la investigación Entornos alimentarios urbanos: Estudio de caso de la Zona Metropolitana del Valle de México 2010-2020, realizada por Núñez y colegas, los resultados arrojaron que la población de esta zona vive en desiertos o pantanos alimentarios, con un acceso físico y económico insuficiente, principalmente en municipios poco conurbados del Estado de México e Hidalgo.

En diez años, el entorno alimentario pasó de ser desierto a pantano. “Las personas tienen mayores ingresos y están accediendo a más alimentos ofertados principalmente en tiendas de conveniencia, pero se trata de alimentos poco nutritivos y de alto valor calórico, que generan problemas de desnutrición, obesidad y diabetes”, señaló el académico.

Los datos los respaldan, el crecimiento de las tiendas de conveniencia ha sido meteórico. La cadena OXXO -la de mayor presencia en el país-, abre una tienda cada 14 horas, así lo documentó la organización El Poder del Consumidor. Fomento Económico Mexicano (Femsa), dueña de dicha cadena, reportó que al cierre de septiembre tenía 24,008 tiendas, lo que representó un incremento en el país de 7.4 % respecto al mismo lapso del 2023. A esta cifra, se suman alrededor de otras 3 mil tiendas de sus dos competidoras más cercanas (Circle K y 7- Eleven).

Aunque las tiendas de conveniencia han tenido un crecimiento constante y mayor distribución en el país -sobretodo  en zonas de bajos ingresos-, la oferta alimenticia sigue siendo ultraprocesada, poco nutritiva y nada o muy poca comida fresca, en cambio en zonas con mayor poder adquisitivo, la oferta de alimentos sanos es más abundante, aunque no suficiente y elegir qué comemos también es una elección personal.

Más carne, menos carne, ¿cómo debemos comer?

El concepto y formas de medir la ‘seguridad alimentaria’ empezó a cobrar fuerza a partir de 1995, desde entonces ha evolucionado mucho, abarcado nuevas dimensiones que incluyen no sólo la producción de alimentos y el aporte de proteínas y calorías, sino formas y preferencias en los alimentos.

El Marco estratégico 2022-2031 de la FAO articula la visión de la Organización de un mundo sostenible para todos y en el que todas las personas gocen de seguridad alimentaria, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

A  los cuatro principios rectores de la FAO (disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de los alimentos), se sumaron dos nuevos conceptos: la sostenibilidad y las preferencias culturales.

La sostenibilidad apunta hacia una producción menos dañina al ambiente a partir de métodos agroforestales y orgánicos, se trata de no ampliar la frontera agrícola, sino de transformar la producción dentro de lo que ya existe; mientras que las preferencias culturales atienden a las formas de comer de cada región, porque en algunas zonas se comen más verduras y cereales, en otras más carne, una dieta vegetariana bien balanceada cumple con el aporte nutricional requerido, en algunas se comen tres veces, en otras dos, hay muchas variables a tomar en cuenta.

“Estos criterios se incluyeron precisamente para evitar sesgos al medir la inseguridad alimentaria. En México nos aplica muy bien porque somos un país culturalmente enorme y diverso, hay pueblos indígenas que tienen una dieta muy nutritiva basada básicamente en plantas, todo depende del valor nutricional de cada dieta”, comentó Yadhira Cruz.

Cambiar la forma de alimentarnos, la propuesta de la 4T

Recién inaugurado su sexenio, Claudia Sheinbaum, presentó el Programa Nacional de Soberanía Alimentaria,  el cual consiste a grandes rasgos, en impulsar el campo mexicano, para volver a ser autosuficientes en materia alimenticia; garantizar precios bajos mediante una vinculación directa entre los pequeños productores agropecuarios y los consumidores mediante las ‘Tiendas Bienestar para generar felicidad’ y transformar la forma de alimentación en las escuelas públicas, priorizando el consumo de frutas y verduras frescas y de temporada, cereales sin azúcares añadidos como la avena y el maíz y proteínas vegetales como frijoles, lentejas y chícharos.

Al respecto, María Luisa Albores González, directora de Alimentación para el Bienestar, entidad que fusiona Diconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), anunció que las 24 mil 516 tiendas Diconsa que existen en el país, cuya cobertura nacional es del 90 % (2 mil 224 municipios), pasarán a ser Tiendas Bienestar, para contar en total con 26 mil tiendas en todo el país.

En lo que respecta a la producción agrícola, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, anunció que la meta es impulsar la producción en el campo mexicano con semillas mejoradas para volver a ser autosuficientes en materia alimenticia, principalmente con granos básicos como frijol, maíz, arroz, cacao y café.

Sin embargo, para Núñez Hernández, la producción agropecuaria del país está en otra lógica completamente distinta, de ahí que el tema sea analizar si es operable este modelo en un contexto de muchos intereses y compromisos internacionales, de acuerdos comerciales de producción concentrada en cierto productos (aguacate o berries, por poner algunos ejemplos), de ultraprocesados, de exportación e importación de alimentos o granos.

“Debido al Tratado de Libre Comercio el país no tiene una producción diversificada de frutas y hortalizas.  Al abrirnos al TLC se priorizaron las grandes extensiones de tierra y los grandes productores, dejando relegada la pequeña producción, eso nos hace mucho más vulnerables al encarecimiento de alimentos”, comentó.

Aún bajo este escenario, para el especialista en sustentabilidad la dirección es la correcta, “me parece una medida acertada en la manera en la que se está tratando de favorecer a los pequeños productores para el acceso a alimentos con características muy particulares, más cercana a la dieta tradicional”, concluyó.

Misma opinión comparte la experta en seguridad alimentaria, Yadhira Cruz:

“está bien enfocado, está focalizado precisamente en las zonas donde nosotros identificamos y detectamos que están los mayores problemas. Desde que se implementó el tema de la soberanía alimentaria en el país, va por buen camino, es positivo no depender tanto de las exportaciones, sino de lo que nosotros producimos internamente”.

Para concluir, señaló que derivado de la primera evaluación del programa Sembrando Vida, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, septiembre 2024), sí hay resultados positivos en cuanto a un mayor poder adquisitivo en la población de estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, justo los estados que ella y el resto de expertos de Chapingo, detectaron con el mayor rezago económico y deficiencia en la disponibilidad de alimentos.

“Con la diversificación de cultivos las familias obtienen ingresos extras durante todo el año, no solo reciben el pago por estar en el programa, sino que también pueden vender y consumir estos otros cultivos como frijol, calabaza, café. Esta evaluación preeliminar indica que el principal aporte no es tanto la producción de alimentos para autoconsumo, sino el ingreso económico que esta diversificación está generando en las familias”, comentó.

El Programa Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría de Bienestar, comenzó a operar en el 2019 con el objetivo de contribuir al bienestar social de personas sembradoras a través de acciones dirigidas a conseguir la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y la recuperación del medio ambiente. En el documento de evaluación se indica que dicho programa ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas beneficiarias.