¿El futuro de Greenpeace podría estar en riesgo?

La industria fósil quiere ‘destruir’ a Greenpeace EE.UU.

La empresa petrolera Energy Transfer reclama a Greenpeace Estados Unidos y Greenpeace Internacional el pago de 300 millones de dólares en daños y perjuicios  por el daño ocasionado por las protestas indígenas de la tribu Sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, ocurridas en el 2016  y 2017 en contra la construcción del oleoducto Dakota Access que cruzaba su territorio.

Desde hace ocho años, la empresa -una de las grandes donantes de la campaña de Donald Trump- litiga contra la organización, acusándola de liderar las protestas de activistas indígenas contra la construcción del oleoducto. Si bien, Greenpeace reconoció el apoyo brindado, medios globales publicaron en su momento el apoyo de miles de personas, incluidos miembros de más de 300 naciones tribales que viajaron para sumarse a la protección del agua y mostrar solidaridad con Standing Rock.  Incluso, en octubre de 2016, representantes de Naciones Unidas visitaron Standing Rock y expresaron su preocupación por la amenaza que el caso suponía contra la soberanía indígena. Más de 500 organizaciones participaron en esta gran movilización,  fruto de la cual se logró que el Gobierno norteamericano, presidido en ese momento por Barak Obama, detuviera la construcción.

Tras la llegada de Donald Trump por primera vez al poder, una de sus primeras decisiones fue dictar una orden ejecutiva para que continuara la construcción del oleoducto que finalmente se terminó en 2017. Entonces Energy Transfer comenzó a tomar represalias acusando a Greenpeace EU de prácticas criminales.

Aunque en un principio los tribunales estadounidenses desestimaron la demanda, Energy Transfer insistió en su hostigamiento con un ejército de abogados y una feroz estrategia de amedrentamiento judicial contra Greenpeace basada en a multiplicación de acciones legales difíciles de contrarrestar para una entidad sin ánimo de lucro.

Se trata de uno de los mayores casos de demanda estratégica corporativa contra la participación pública (Strategic Lawsuit Against Public Participation, SLAPP) jamás presentados, y supone una amenaza no sólo a la justicia medioambiental, sino al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, sobretodo para tratar de silenciar a activistas o periodistas con voces disidentes.

Los juicios se están desarrollando actualmente, sin embargo una sentencia en contra de la organización podría poner en peligro no solo la supervivencia de Greenpeace en Estados Unidos y el resto del mundo, sino también al activismo ecologista mundial al sentar un mal

precedente para que otras empresas litiguen a su favor a pesar de los daños que ocasionen al medioambiente, lo que la organización calificó de una ‘mordaza multimillonaria’.

El juicio está abierto al público en el juzgado de Dakota del Norte, pero el acceso a los medios de comunicación y grupos de vigilancia, transparencia y accesibilidad a las actuaciones judiciales, ha sido denegado. De igual forma, se negó la solicitud de las partes de Greenpeace de retransmisión pública en directo.

Juristas y académicos de gran reconocimiento han mostrado su preocupación ante el caso, el abogado Marty Garbus, quien ha representado a personalidades como Nelson Mandela y Daniel Ellsberg, sigue atentamente el caso.

Greenpeace Internacional presentó el pasado 11 de febrero una demanda ante un tribunal holandés contra la empresa estadounidense utilizando por primera vez la Directiva anti-Slapp de la Unión Europea. Con esta demanda, la organización ecologista busca la reparación por todos los daños y costos que está sufriendo como resultado de las demandas continuadas y sin fundamento de la compañía fósil.

Protección contra demandas corporativas

Aunque las demandas SLAPP se conocen desde los años 70, fue a finales de la década de los 80 cuando se empezó a utilizar ese término. De acuerdo al informe de la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) hasta agosto de 2023, en Europa se habían documentado 820 demandas SLAPP, en el 2022 se presentaron 161 demandas, un aumento significativo con respecto a los 135 casos presentados en 2021.

Esta situación ha llevado a la Unión Europea a adoptar la Directiva 2024/1069, conocida como directiva antislapp -que busca proteger a las personas físicas y jurídicas que se impliquen en la vida pública frente a acciones judiciales interpuestas contra ellas para disuadirlas– y que debe ser respetada extendida a los Estados miembros antes de marzo de 2026. Aunque la directiva todavía no puede ser invocada ante los tribunales europeos, al menos sí puede  servir de guía a los aplicadores del derecho. 

La Directiva ofrece a las víctimas de demandas de SLAPP con sede en la UE un mecanismo para defenderse. En particular, el capítulo V protege a las organizaciones con sede comunitaria procedentes de fuera de la UE y les da derecho a una indemnización. Esto significa que la empresa petrolera se enfrenta a una demanda de indemnización en Europa a menos que retire sus reclamaciones contra Greenpeace Internacional en Dakota del Norte y acepte su responsabilidad.

Otro caso que está sentando precedentes es el de Greenpeace España contra una macrogranjas. En 2021 y 2022 la organización denunció a la empresa Valle de Odieta, con sede en Navarra, por la construcción de una macrogranja en Noviercas (Soria). A la fecha, la construcción está detenida, pero los miembros de la organización enfrentan una demanda criminal. El juicio aún no se realiza.